Conclusión y Recomendaciones finales

Con la promulgación de la Ley 136-03, que instituye el Código Para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, la República Dominicana dio un paso de avanzada en el reconocimiento de los Derechos Humanos de las personas menores de edad. Desde el Estado se ha invertido en la capacitación de jueces y juezas y el Ministerio Público, y se han construido estructuras físicas donde funcionan los tribunales encargados de aplicar la ley.

El Estado desarrolla programas encaminados al desarrollo integral de las personas menores de edad ubicado en sectores de la educación, la salud, la recreación y el deporte, entre otras áreas. Sin embargo, a pesar de las iniciativas tomadas por el Estado para mejorar las condiciones de vida de la niñez dominicana, los datos estadísticos muestran una marcada separación entre la realidad y el disfrute de los derechos humanos fundamentales.

En otro orden, el diseño de políticas públicas integrales, evaluables, de alcance nacional y con debidas asignaciones presupuestarias están ausentes de la agenda estatal. Tales observaciones fueron dadas por el Comité del Niño en ocasión de la presentación del Primer Informe de País.

La vigilancia de datos sobre el número de NNA en conflicto con la ley, víctimas de delitos, en especial de maltrato, número de sentencias sancionadas, reparaciones a las víctimas y de aspectos concretos relativos a la implementación de la Convención no se reflejan en las estadísticas nacionales.

La divulgación de la Convención sobre los Derechos del Niño ha sido tímida y es poco conocida por la población en general. Se requiere mayor difusión de la misma que incluya a las personas menores de edad.

Las organizaciones no gubernamentales desarrollan programas en contra de la discriminación de las niñas, Ninos y adolescentes, pero se requiere de políticas integrales de desarrollo humano y de nuevas ideas y experiencias para enfrentar la pobreza y la exclusión social , en los servicios básicos de salud, educación, participación, vivienda. Además de garantías judiciales efectivas, coordinación con la sociedad civil y adecuar presupuestos para el desarrollo de las políticas.

Las voces a gritos de las niñas, niños y adolescentes es que el Estado tome en cuenta sus propuestas para detener la violencia en las familias, en el ámbito de la escuela, en las calles, en los medios de comunicación ejercer mas control y en las instituciones, especialmente en la policía.

Es urgente priorizar:

a. La creación y funcionamiento de las Juntas Locales de Protección y Restitución de Derechos por parte de CONANI.

b. La incorporación sistemática al Directorio de CONANI del análisis y propuesta para el diseño de políticas sociales básicas, asistenciales y de protección.

c. El someter al Directorio el análisis y discusión del presupuesto público para ejecución de políticas a favor de los derechos de la niñez y adolescencia, y evaluación y monitoreo de planes sectoriales.

d. Coordinación intersectorial de los órganos del sistema a corto y mediano plazo.

e. Formación y capacitación de recursos humanos en materia de protección integral, sobre los aspectos fundamentales de los principios del CDN sobre los derechos del niño y la formación para planificación y acción estratégica de protección universal y especial conforme a los roles de los órganos del sistema.

f. Creación de estructuras reales que faciliten la participación de los NNA en todo los aspectos que conciernen a su desarrollo humano integral.

g. Realización de investigaciones rigurosas sobre la realidad de las niñas, niños y adolescentes en la República Dominicana.

h. Construcción de capacidades institucionales para la prevención, la atención, vigilancia judicial del maltrato, abuso y la explotación sexual comercial, siempre acorde con marco jurídico de la ley 136-03.

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