7.4 Niños, Niñas y Adolescentes con discapacidad

El VIII Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2002 revela que aproximadamente unas 400 mil personas residentes en territorio dominicano, un 5% de la población total, están afectadas por algún tipo de discapacidad, de las cuales unas 56 mil (14.4% del total de personas con alguna discapacidad) son niños, niñas y adolescentes entre 5 y 19 años de edad.

En relación a la educación, existe una demanda potencial no satisfecha de educación para población con Necesidades Educativas Especiales asociadas a diferentes tipos de discapacidades, los datos del Censo Nacional de Población realizado en el 2002, evidencian que con la excepción de tres provinciales (Elías Piña, San Juan y San José de Ocoa), más del 60% de la población con alguna discapacidad asiste a un Centro Educativo.

No obstante, el nivel de asistencia escolar de este grupo de población es sustantivamente menor que el de la población total en las mismas edades que asciende a un 83% para el total país vs. 64.3% para los y las que tienen algún tipo de discapacidad.

Igual comportamiento se observa en los niveles deserción escolar. Mientras apenas el 7% de la población total entre 5 y 19 años que al momento del Censo no asistía a ningún Centro Educativo pero había asistido a la escuela en algún momento, entre los que tienen alguna discapacidad más que se triplica (26.1%).

Los datos presentados en el estudio mencionado, revelan que independientemente del tipo de discapacidad, la población más afectada es la de mayor edad, aunque se observan diferencias importantes en el comportamiento por edad de las personas con discapacidades intelectuales y del habla, y mientras la población con discapacidades del habla se encuentra mayormente entre los 5 a 14 años, las personas con discapacidades intelectuales son más frecuentes entre los 10 y 39 años. De igual manera cabe señalar que la población infantil es la que representa el menor porcentaje de personas con discapacidades físicas, intelectuales, visuales y auditivas.

De acuerdo a las personas entrevistadas para la realización del informe, desde la creación del Consejo Nacional sobre Discapacidad (CONADIS) se manejaron mal los recursos que fueron otorgados por la Ley 42-2000 y "aunque se aprobaron exoneraciones para personas en condiciones de discapacidad, se nombraron a algunas personas envejecientes y otras con discapacidades, las acciones fueron clientelistas y no se trabajó la línea de la autoestima y el desarrollo". Al decir de estas personas, el dinero no faltó, ya que se aprobaron 37 millones de pesos para la gestión, sino que la partida fue mal manejada.

De acuerdo a las personas entrevistadas, existe la creencia de que solo el CONADIS tiene el gran compromiso y no se toma en cuenta que debería ser un deber de la ciudadanía, conjuntamente con el sector privado, ya que el gobierno y el CONADIS no pueden actuar solos. Reconocida por las diferentes instituciones, ha sido difícil iniciar una administración por la carencia de planes elaborados y la forma en que se le entregó la institución, sin ningún tipo de recursos, deterioro de equipos e inexistencia de los equipos necesarios. Resaltan la función rectora del CONADIS, para diseñar las políticas oficiales para el sector, sin embargo, reconoce que para eso se necesita que el Estado asigne más recursos.

En el CONADIS en el período que cubre este informe se dedican a la atención directa, por medio de programas de atención y rehabilitación y muy poco o casi nada, inciden. Son instituciones que no gravitan todavía, de manera relevante en la agenda inclusiva del desarrollo.

Entre los retos del CONADIS han de ser la fiscalización del cumplimiento de la normativa vigente y la formulación de políticas públicas, orientadas a erradicar la pobreza y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

En la República Dominicana faltan datos concretos que perfilen a las personas con discapacidades y aunque los porcentajes internacionales se asumen, es probable que las cifras aumenten si se tienen en cuenta la crisis económica permanente, los índices de pobreza en progreso y de exclusión social, la vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos, entre otras precariedades. En las escuelas no hay condiciones de accesibilidad y los maestros tampoco están capacitados para atenderlos.