2.1 Legislación

La Ley 136-03, que instituye el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, promulgada en fecha 7 del mes de agosto del año 2003 y entrada en vigencia el 17 de octubre del año 2004, constituye un instrumento legal de avanzada en el reconocimiento de los Derechos Humanos de los NNA. La misma derogó la Ley 14-94 del 22 de abril de 1994, que creó el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Con la promulgación de esta ley, la República Dominicana se aproxima de manera más garantista a los principios y derechos consagrados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989, para las personas menores de 18 años de edad. Podemos denominar este momento como la segunda etapa en el ámbito jurídico nacional en materia de niñez y adolescencia, en el proceso de cumplimiento del compromiso asumido por el Estado Dominicano al suscribir y ratificar la referida Convención.

El principal avance respecto a la Ley 14-94, lo constituye el enfoque dado a la normativa en la justicia penal de la persona adolescente. Según la nueva normativa, la justicia penal de la persona adolescente busca determinar tanto la comisión del acto infraccional como la responsabilidad penal de la persona adolescente por los hechos punibles violatorios a la ley penal vigente, garantizando el cumplimiento del debido proceso.

Bajo el nuevo sistema, el control de la ejecución de las sanciones impuestas a las personas adolescentes recae sobre el/la juez/a de la ejecución. En este aspecto es preciso destacar las dificultades para el efectivo funcionamiento de estos tribunales, debido a que no se esta cumpliendo con las disposiciones del artículo 359 de la Ley 136-03, que establece La Dirección Nacional de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, dependencia de la Procuraduría General de la República, cuyas funciones son las de coordinar con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia todos los programas y las acciones relativas a la ejecución de las sanciones penales impuestas a las personas adolescentes. Si bien existe en la actualidad una persona designada por la Procuraduría General de la República en esa dirección, aún no se concretizan sus funciones en el marco de lo que establece la ley.

Otra dificultad en el renglón de la ejecución de la sanción lo constituye el hecho de que actualmente no están funcionando en el país centros privativos de libertad con las condiciones requeridas para que real y efectivamente los adolescentes privados de libertad puedan tener una atención integral, educación e inserción en la familia y en la sociedad. Este todavía es un objetivo a conseguir, constituyendo un verdadero desafío, debido principalmente a que se requiere un cambio de actitud en la concepción cultural hacia los NNA como objeto de derecho, hacia la de sujeto pleno de derecho.

La Ley 136-03 da competencia a los Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes para el conocimiento de las demandas en alimentos, designando uno por provincia y que estarían regularmente ubicados en zonas urbanas. Quienes habitan en municipios o zonas rurales tienen que trasladarse al centro de la ciudad y disponer de tiempo y recursos para presentar la querella por manutención. Por lo regular son las mujeres pobres que denuncian la irresponsabilidad paterna. Esta situación viola el acceso a la justicia ya que las mujeres deben de incurrir en gastos de transporte y alimentación para el traslado, además de otros propios del proceso como la citación al demandado a través de alguacil. El trabajo que antes recaía en varios tribunales lo realiza uno solo, lo que provoca el cúmulo de demandas al dilatar las decisiones.

En este sentido, el Congreso Nacional se encuentra apoderado de un anteproyecto de ley a los fines de modificar la Ley 136-03 en ese y en otros aspectos relativos a las demandas en alimentos, pero el mismo no ha sido aprobado aún.

En otro orden, existe otro anteproyecto de ley en el Congreso Nacional para la modificación del Código Penal, el cual contempla retrocesos en cuanto logros alcanzados en materia de derechos humanos y graves violaciones a los Derechos de los NNA. Entre estas están: eliminación de la definición de violencia contra la mujer contenida en la Ley 24-97, tomada de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará); considerable disminución del quantum de las penas a la violencia doméstica y sexual, reduciendo a la categoría de correccional (delito no grave) a la mayoría de agravantes contenidas en la Ley 24-97; no-imputación penal o suspensión de la pena, al violador sexual que contrae matrimonio con la menor de edad víctima de una violación sexual y que resultare grávida y leve imputación penal con carácter correccional a quien sin ejercer violencia, ni constreñimiento, ni amenaza cometa un atentado sexual contra un niño, niña o adolescente.

Varias organizaciones de la sociedad civil de todo el país reunidas en La Coalición de ONGs por una Legislación Moderna y Consensuada, entre otros sectores, han iniciado críticas, denuncias y propuestas al proyecto de ley. Algunas de las propuestas de la Coalición son: eliminar el artículo que propone "el atentado sexual" contra niños, niñas y adolescentes como un acto ejercido sin violencia, constreñimiento o amenaza. Consideramos que todo acto de naturaleza sexual contra una persona menor de edad es una invasión a su privacidad; por lo tanto, es un crimen mantener la actual sanción al incesto y sancionar con quince años de reclusión el proxenetismo contra un niño, niña o adolescente.

El Comité para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), ante la presentación del 5to. Informe de país en julio del 2004, observó su preocupación ante las propuestas legales mencionadas y solicitó al Estado reforzar su rol en el proceso de reforma de los Códigos Civil y Penal

Otro proceso de importancia es la elaboración de una reforma a la Constitución, a tal fin, se han llevado a cabo consultas con la población infantil quienes dieron sus opiniones sobre la necesidad de protección a la identidad y al nombre, a la seguridad social, a la educación gratuita y de calidad, a la salud, a la participación, propuesta para que se erradiquen las peores formas de trabajo infantil, entre otros derechos.