2.2 Coordinación

El Sistema Nacional de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se establece a partir de la normativa especial y que comprende una serie de organismos que deben funcionar articulados, una condición que no siempre se logra en la República Dominicana.

La Ley 136-03 crea el Consejo Nacional Para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), como una institución descentralizada del Estado dominicano, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta nueva institución tiene como función la de formular, aprobar, evaluar, fiscalizar, coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas en materia de niñez y adolescencia.

Sobre la participación ciudadana, entendida para la ley como el conjunto de personas y entidades que contribuyen con el cumplimiento e implementación de la misma en el nivel local, la orienta a la vigilancia y exigibilidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes, con algunas de las siguientes atribuciones: colaborar con los órganos del Sistema Nacional de la Niñez y la Adolescencia en la promoción, exigibilidad, protección y garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia, en los niveles nacional y municipal; exigir la intervención de las instituciones públicas y privadas obligadas a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, contra aquellos que incumplan con sus obligaciones; solicitar ante las salas capitulares de su respectivo municipio la toma de decisiones que favorezcan el ejercicio de los derechos de niñez y adolescencia.

Esta articulación permanece en niveles teóricos en la actualidad, aunque se reconocen esfuerzos organizacionales, la voluntad política no es todavía suficiente para conmover las estructuras creadas por la Ley 136-03.

A pesar de que la ley en su artículo 431 dispone que la persona Presidenta Ejecutiva, es nombrada por el Poder Ejecutivo, con categoría de Secretario/a de Estado, sería conveniente que se escogiera mediante concurso de oposición; debido a que el referido artículo establece, que preferiblemente debe ser una persona de reconocida experiencia en materia de derechos de niñez y adolescencia; situación de transparencia que garantizaría una mejor función de esta institución. También esa transparencia se va a reflejar en las demás instancias que lo componen, tales como: el Directorio Nacional, Oficina Nacional, las Oficinas Regionales, los Directorios Municipales, las Oficinas Municipales y las Juntas Locales de Protección y Restitución de Derechos; además de lo necesario de que la práctica sea descentralizada para una mejor operatividad e integración de la ciudadanía.

Otra debilidad del sistema rector es la falta de perspectiva de género, lo que trasciende a la atención directa y a la visión indirecta de los problemas de los niños y las niñas, que se abordan con un criterio único sin respetar las diferencias y por lo tanto, sin resolverlos.

De acuerdo a las personas expertas en el tema de los/as NNA, entrevistadas para el Informe, el perfil del Organismo Rector, CONANI, aún requiere de mayor experticia, menos centralización de poder y mayores niveles de reconocimiento al trabajo de la sociedad civil organizada para la aplicación de las políticas de vinculación de esfuerzos para establecer redes descentralizadas que puedan implementar estas políticas. Existe la percepción de que a mayor cobertura de servicios y creación de programas, mayor protección a los Derechos de los NNA, lo que revela la ausencia de políticas para prevenir violaciones.