Posicionamiento Coalición Modificación Ley 136-03

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COMUNICADO

 jueves 15 de abril 2010

La Coalición ONGs por la Infancia de la República Dominicana, es un espacio de articulación que agrupa entidades de la sociedad civil que desarrollan acciones en materia de niñez y adolescencia, en el marco de la promoción, exigibilidad y monitoreo del cumplimiento de los Derechos Humanos de la personas menores de edad en la República Dominicana.

 Como espacio planteamos reflexiones relacionadas con los planteamientos que nueva vez, se externan en la opinión pública, solicitando un endurecimiento de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, relacionada con las personas adolescentes en conflicto con la Ley.

Aunque entendemos la situación delicada de la seguridad en el país y la actitud de la ciudadanía frente a esta realidad, la Coalición ONGs por la Infancia de la República Dominicana plantea que un cambio en la Ley 136-03, no resulta ser mejoría ni tranquilidad ante la situación de las y los jóvenes en la República Dominicana.

Como demuestran los estudios científicos y la experiencia de numerosos países, para reducir la delincuencia juvenil es preciso prevenir, no castigar. Cuando se agravan las penas y se aumenta la presión policial sobre las personas menores de edad, los delitos de esta manera, no disminuyen; sólo se cambia cuando toda la sociedad se compromete a garantizar un desarrollo armonioso de sus niños, niñas y adolescentes.

Países de nuestro entorno como El Salvador, Honduras y Guatemala han recurrido a la mano dura o cero tolerancia para enfrentar la violencia juvenil en los últimos años, y han fracasado. Los delitos cometidos por adolescentes aumentaron en los tres países, como revelan las investigaciones de la Agencia Norteamericana de Desarrollo Internacional (USAID). Además, la violencia policial creció, las cárceles se superpoblaron y se hicieron inmanejables, y las relaciones entre el Estado y las y los habitantes de las zonas pobres se deterioraron estrepitosamente, lo que generó protestas y disturbios.

Esto ocurre porque al endurecer el castigo lo que se hace es criminalizar la pobreza y atacar las consecuencias en vez de las causas de la violencia juvenil. Y la causa principal por la que personas adolescentes se colocan en conflicto con la Ley, es porque han crecido y viven en una situación de pobreza, que les excluye, les segrega, por la falta de oportunidades y la inequidad de vida que propicia esta situación.

Los niños, niñas y adolescentes se insertan en este proceso por múltiples situaciones, marcadas por abusos, violencia en general y de género, por el consumo alcohol y tabaco y otras drogas, por la proliferación de armas de fuego y por la falta de valores sanos. Esto sumado a una falta de apego emocional y de conciencia de lo que es correcto y lo que no lo es, generado por familias con madres y los padres muy jovenes y con poca formación.

Las carencias del sistema educativo dominicano, que ocupa un lugar muy retrasado entre los de América Latina, también contribuyen a la violencia en los niños, niñas y adolescentes. Muchos de ello y ellas no tienen acceso a la educación secundaria y deben conformarse con una primaria de baja calidad, en la que los índices de deserción y de fracaso son muy altos. En este sentido los programas preventivos que apoyan el desarrollo de destrezas fundamentales para resolver los conflictos de una forma pacífica y constructiva, como habilidades para la vida y desarrollo de hábitos de vida saludable, son pocos. A esto se suma las pocas herramientas para las personas adolescentes y jóvenes para insertarse exitosamente en la sociedad y acceder a un empleo de calidad que les permita una mínima autonomía económica que le aleje de formas ilegales de ganar dinero como, por ejemplo, el tráfico de drogas o crimen organizado.

Para el desarrollo humano la educación es fundamental, en esta perspectiva el Estado es el garante del acceso a la Educación y tal como señala el Informe sobre Desarrollo Humano 2008, el sistema educativo dominicano reproduce el orden de inequidad social, ya que aunque ha mejorado la cobertura, la calidad es todavía deficiente.

En gran parte de República Dominicana, ni los niños, niñas y adolescentes, ni su entorno cuentan con una cobertura social efectiva. En todos los campos, los programas dedicados a la atención son escasos, de manera particular los de prevención de la violencia infantil y juvenil.

Si queremos reducir la violencia en las personas menores de edad, la sociedad dominicana debe mejorar en todas estas carencias, que son las verdaderas causas del problema. Como sugiere la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) [ii] , se deben desarrollar programas preventivos integrales en los campos de la educación, la formación profesional, la atención psicológica y sanitaria y el esparcimiento, el fortalecimiento de las familias y se debe dar oportuinidades de reinserción a aquellos que ya delinquieron. De esta forma sustraeremos a los niños, las niñas y los adolescentes de un ambiente propicio para la delincuencia.

Estos programas preventivos se apoyarían en politicas públicas que además aporten datos empíricos con los que impulsar investigaciones sobre las razones de las personas adolescentes en conflicto con la Ley. Con esta base se pueden elaborar planes anuales de lucha contra la violencia mediante políticas sociales que sean aplicables, evaluables y, por lo tanto, revisables. Esta estrategia será más eficiente cuanto más se implique a la sociedad civil y los niños, niñas y adolescentes. Las ONGs, el mundo académico, y otros actores como el empresariado y las iglesias pueden ser parte de la respuesta para este tema. [i]

Mas que vislumbrarse una revisión de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que entró en vigor en el año 2005, sería importante tomar en consideración la preocupación externada por el Comité de los Derechos de las Niñez de la ONU, que recomienda que se adopten las medidas para reestructurar los sistemas judiciales y administrativos según sea necesario en todos los niveles, en particular a nivel provincial, municipal y local. Instando la Republica Dominicana a continuar adoptando medidas para aplicar una política global sobre los derechos de infancia, en particular adoptando los recursos financieros y humanos necesarios. Y el Comité resaltó que el Estado Dominicano vele por las reformas legislativas para que no menoscaben la protección de los niños y niñas obtenidas mediante la Ley 136-03.

Necesitamos de un Reglamento que dé pautas para que los jueces interpreten la ley teniendo siempre en cuenta el Interés superior del Niño, según lo señala la Convención de los Derechos del Niño (CDN).

Es por esa razón que planteamos estas reflexiones porque la opinión pública se ha volcado en torno a endurer de manera exclusiva las penas para las personas adolescentes en conflicto con la Ley, pero no se ha visibilizado la importancia de mejorar las condiciones tal como se debe hacer con todo el sistema de administración de justicia para las personas menores de edad y verificar cuáles aspectos requieren ser completados para el buen funcionamiento del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En ese sentido es importante extender los tribunales especializados en niños, niñas y adolescentes a todo el país, siguiendo las Recomendaciones del Comité de Derechos de los Niños y las Niñas de     la ONU para República Dominicana.

También merecen nuestra atención las personas adolescentes que se les declare culpables por estos tribunales. Estas personas menores de edad, sí son recuperables para la sociedad, y la misión del Estado debe ser favorecer su reintegración en la sociedad mediante una justicia restaurativa y no vengativa, mediante programas educativo. La detención debe ser el útimo recurso, aplicarse el menor tiempo posible y de una forma correcta. Los centros para personas menores de edad, en conflicto con la Ley, con los que contamos hoy día requieren mejores condiciones.

Todas estas políticas deben partir de un enfoque proactivo. Debemos escuchar a los niños, las niñas y los adolescentes, hacerles sujetos y no objetos de los programas, evidenciar el potencial que hay en ellos y ellas, no estigmatizarles, porque ellos y ellas no son el problema, tienen y son parte de un problema de orden social. En este sentido podemos avanzar, si las políticas de prevención tienen un enfoque positivo, si se dedican no sólo a evitar situaciones peligrosas sino también fomentar las oportunidades, porque para sacar a las personas menores de edad, del ciclo de la violencia debemos fomentar la parte constructiva y de futuro que hay en ellos y ellas y . [iii].

La realidad de la delincuencia en la que se involucran personas menores de edad, es un problema social, y como tal debe combatirse. No avanzaremos con represión, sino con políticas de intervención, ayudando a las personas menores de edad a desaprender la violencia que el sistema ha propiciado. Intentar solucionar el problema de la violencia infantil y juvenil endureciendo el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, es atacar la fiebre y no la enfermedad, el efecto y no las causas.

El Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes tiene por finalidad garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia y la promoción de su desarrollo integral mediante la coordinación de políticas y acciones intersectoriales e interinstitucionales, avancemos en el proceso de implementación y demos repuestas presentes para enfrentar esta y otras realidades que afectan la población de la niñez y adolescencia.


 [i] Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), adoptadas por la Resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985, de la Asamblea General.

[ii] Estudio sobre la violencia juvenil en Latinoamérica y El Caribe: los precios, las causas e intervenciones (2008).

[iii] Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), adoptadas y proclamadas por la Resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990, de Asamblea General.